El Tribunal condenó a los carabineros dados de baja Carlos Alberto Valencia Castro a 300 días de presidio; Ángelo Antonio Muñoz Roque y Abraham Ruperto Caro Pérez a 200 días de presidio, y Manuel Jesús Carvajal Fabres a 41 días de presidio.
También, Marcelo Drago señaló que el debate de fondo debe centrarse en una revisión institucional y estructural de la relación que existe entre estos órganos uniformados y las mutualidades que les prestan servicios de asistencia.
Asimismo, en segundo trámite constitucional se encuentra el proyecto que establece la obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y niñas en situación de discapacidad.
Se busca prevenir que los colegios escrutadores especiales deban funcionar en feriados irrenunciables, como por ejemplo, el 25 de diciembre.
Denis Krivosheev, director adjunto del organismo para Europa Oriental y Asia Central declaró que «hemos presenciado un escandaloso despliegue de negación, evasivas e inacción por parte de las autoridades, que se han negado en reiteradas ocasiones a iniciar una investigación oficial sobre los horrendos crímenes denunciados».
El organismo plantea que lamentablemente es casi imposible evitar del todo la recolección de datos, muchos de nosotros dependemos de las redes sociales e incluso aunque nos indigna que Facebook no haya protegido nuestros datos, puede que no queramos borrar nuestra cuenta.
El caso se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de Ramón Rosendo Carranza Alarcón en noviembre de 1994 por parte de agentes públicos, así como por el plazo irrazonable de la detención preventiva que sufrió en el contexto de una investigación y proceso penal por el delito de asesinato.
El Tribunal observó por primera vez que el símbolo de Himmler en un uniforme de las SS con un brazalete de esvástica no podía considerarse que tuviera otro significado que el de la ideología nazi y sostuvo que el condenado tenía conocimiento de la legislación en cuestión.
Se vulneraría la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica.
La Contraloría General no advirtió ilegalidad en la nueva forma de confeccionar las actas del concejo de la Municipalidad de Penco.
