El objetivo principal del proyecto ingresado es penalizar de manera efectiva a quienes pongan en riesgo la salud de las personas.
La abogacía se enfrenta a uno de los retos más importantes de los últimos años, seguir manteniendo su relación con los clientes en un entorno complejo.
En su sentencia el máximo Tribunal razona que la controversia se circunscribe a determinar cuáles días son hábiles a efectos del cómputo del plazo que establece el artículo 171 del Código Sanitario para la interposición del reclamo de ilegalidad ante el juez civil.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Curacaví.
De esta manera, ambas Magistraturas constitucionales marcan un hito relevante en el uso de la tecnología y el trabajo remoto.
El proyecto también prohibe el corte de los servicios.
La Corte de Santiago indicó que, el legislador previo un estricto sistema para la acreditación de especialidades médicas a cargo de la Superintendencia de Salud.
El recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 4 y 24.
La Corte de Santiago indicó que, no se vislumbró en la actuación de la institución recurrida la existencia de algún acto ilegal o arbitrario.
Los beneficiados serán aquellos que estén dentro del grupo de riesgo o cumplan reclusión nocturna.
