Las instituciones deben adoptar las medidas necesarias para verificar que los cotizantes en ese régimen satisfagan todos los requisitos legales.
No se acreditó la existencia de un derecho ancestral que habilitara al actor para extraer el recurso hídrico que necesita para regar su predio agrícola.
El requirente estima que los preceptos legales impugnados manifiestan una especial infracción a la garantía de un justo y racional procedimiento.
El despido que se funda en la modernización o racionalización en el funcionamiento de la empresa, debe fundarse en supuestos de hecho graves que den cuenta que forzosamente debió adoptarse.
Se determinó que, durante el último período, las demandantes se vincularon con la demandada sobre la base de una relación laboral, regida por el Código del Trabajo.
Las medidas de confinamiento adoptadas en virtud del COVID-19 afectaron los ingresos de las familias chilenas y se les debe otorgar más posibilidades de cumplir con sus obligaciones de pago.
Desestima el recurso de amparo que interpuso en contra la sentencia que la condenó por sedición a once años y seis meses de prisión.
Las vulneraciones denunciadas resultan mezquinas en argumentos indispensables para restituir los presupuestos de hecho que pretenden, razón por la cual tampoco existe vulneración a lo dispuesto en el artículo 12 letra b) de la Ley N° 19.253, por lo mismo, el recurso de casación en el fondo debe ser desestimado.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia dictada en marzo pasado por el Segundo Juzgado de Policía Local de Iquique.
Tras dos intentos fallidos, la Corporación acordó que representarán a la Cámara en el juicio jurídico-político a Sebastián Piñera la diputada Gael Yeomans y los diputados Gabriel Silber y Leonardo Soto.
