Esto, a propósito de requerimiento del Banco Estado, quien solicita un pronunciamiento respecto a la facultad que tendría Carabineros de Chile, en su función de autoridad fiscalizadora, para interpretar la normativa en materias inherentes a la seguridad privada. Además, reclama por la arbitrariedad de las infracciones cursadas a esa empresa y las consiguientes multas por falta de dotación.

La iniciativa considera que se deben eliminar las barreras en la venta presencial de anticonceptivos en virtud de los derechos reproductivos y salud de las personas.

La autoridad destacó que el proceso debe asegurar la expresión de voluntad de los trabajadores.

El recurrente alegó que el fallo de la Corte de Apelaciones que confirmó el rechazo del incidente de nulidad adolece de errores de derecho procesal.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto en general.

El máximo Tribunal estableció que en la especie se infringió la garantía al debido proceso al permitir la declaración viciada de la víctima, por lo que ordenó la realización de un nuevo juicio oral ante jueces no inhabilitados. 

El Tribunal de alzada rechazó el recurso, tras establecer que el actuar de la parte recurrida se ajusta a la normativa institucional vigente, sin que se le pueda formular reproche de ilegalidad.

El último caso que verá el Tribunal internacional será el de Pavez Pavez contra Chile, los días 12 y 13 de mayo, el cual trata de la presunta responsabilidad internacional del Estado chileno por la inhabilitación, con base en la orientación sexual, de Sandra Cecilia Pavez Pavez para el ejercicio de la docencia de la asignatura de religión en una institución de educación pública, cargo que desempeñaba desde hacía más de 22 años.

El proyecto impulsado por la oposición que hacían una modificación permanente a la Carta Fundamental no alcanzó los votos. La moción que sí se aprobó ahora vuelve a la Comisión de Constitución y será votado nuevamente esta tarde en Sala.

El Tribunal de alzada descartó que la entrega del documento solicitado afecte la seguridad nacional.