La magistratura analizó el contrato de servicios educacionales firmado entre las partes, y razonó que sólo los servicios complementarios pueden ser suspendidos en razón de deudas con la casa de estudios, no así los servicios académicos, especialmente, cuando la recurrente padece de una enfermedad que le hace difícil asumir una deuda tan elevada, sin estar en posesión de un título profesional que le ayude a obtener mayores recursos.

En virtud del principio de legalidad del gasto público, los municipios solo pueden destinar los fondos que perciban al cumplimiento de sus funciones legales y, además, deben ingresar tales recursos a su presupuesto.

El máximo Tribunal ordenó a la Tesorería General y a un Banco respetar el límite al embargo de la remuneración, establecido en el artículo 57 del Código del Trabajo, y restituir los montos indebidamente descontados a la actora para satisfacer el pago de deudas de impuestos.

Propone medidas, no para acabar con el activismo judicial, pero sí para contenerlo y darle un mejor cauce institucional a las presiones subyacentes. Algunas de estas medidas debieran modificar directamente la normativa del recurso de protección, mientras que otras son modificaciones de carácter general que impactan en la manera de resolver las protecciones por parte de los jueces.

El tiempo transcurrido entre ellas impide vincularlas entre sí al punto de considerarlas una unidad jurídica que diera lugar al delito continuado. La figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal, se acepta su aplicación, como política morigeradora de penas, para casos como los delitos contra la propiedad o en que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones.

La actividad fue organizada por la Facultad de Derecho para informar acerca de los esfuerzos del poder judicial para juzgar con perspectiva de género, y reducir las inequidades en materia patrimonial que existen en razón de este sesgo.

La iniciativa que tuvo su primera discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados, entrega un nuevo marco institucional que permita agilizar la toma de decisiones, fijar reglas claras y dar respuestas oportunas a los incumplimientos ambientales.

El personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad tiene ciertos deberes al momento de emplear la fuerza, como el deber de identificación, advertencia, gradualidad, reducir al mínimo daños y lesiones, y prestar auxilio en caso de ser necesario.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, porque la única forma de que el titular de una concesión minera pueda evitar verse impedido de ejercer las facultades que le confiere su concesión, es que el Tribunal decrete la inmediata paralización de la obra nueva. La suspensión de la obra es esencial para la debida protección de su derecho de propiedad, y no con una mera compensación indemnizatoria “ex post” en base a consideraciones muchas veces subjetivas e inciertas.

Corresponde al derecho-deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a eventos deportivos a todos quienes realicen o provoquen conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados en eventos de fútbol profesional. Es en las instancias posteriores de reclamo y solicitud de alzamiento donde se resguarda el derecho de los afectados al debido proceso.