El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a Cenabast pagar la suma de $1.357.051.560, por concepto de indemnización de perjuicios, por el incumplimiento del contrato de provisión de productos del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, adjudicado en abril de 2013 a Proselur.
La intención es apoyar el congestionado sistema hospitalario que vive sus días de mayor demanda producto del alza de pacientes con Coronavirus.
La ley aumenta la competencia entre instituciones financieras y facilitará el acceso a crédito para personas naturales y pymes.
La Corte resolvió que yerra la sentencia impugnada pues resulta evidente que el establecimiento, en este caso, un bus, no solo se encuentra en funcionamiento cuando transporta pasajeros, que conforma el giro de la empresa, sino que también dicha actividad involucra los demás actos tendientes al transporte propiamente tal.
Para abordar esta problemática que hoy afecta particularmente a inmigrantes, el grupo parlamentario recibió el testimonio del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. En la sesión, la instancia también avanzó en la votación del proyecto de copropiedad inmobiliaria.
Mal puede demandarse para el control de identidad, que importa una limitación de mucho menor intensidad a la libertad ambulatoria que la detención, mayores condiciones y requisitos para su materialización.
La Sala acordó enviar el texto legal a la instancia especializada, para que, en conjunto con el Ejecutivo se analice la mejor fórmula.
La Sala respaldó el texto que tiene por objeto compatibilizar las necesidades de protección de la salud de la población en la actual situación y el asegurar la participación ciudadana a través de las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, reconociendo su importancia.
La Corte Suprema declaró admisible el recurso.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que si bien existen casos excepcionales en los que podría otorgarse una indemnización mayor a la señalada como regla general para los perjuicios morales, esta excepción exige la verificación de circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral.
