El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Policía Local de Lo Barnechea, que acogió la demanda por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores.
El texto reconoce la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y la indirecta.
Con todo, se acogió la demanda deducida en subsidio de despido injustificado.
El autor estima que derribar una aeronave civil es una pena de muerte inconstitucional, que no contempla un debido proceso previo.
El requirente estima vulnerada la garantía constitucional al debido proceso y a la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Muñoz y Silva, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso.
La Magistratura Constitucional colombiana declaró fundada la objeción por inconstitucionalidad, al haberse ocasionado una clara violación del derecho fundamental a la consulta previa.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
El recurrente estimó vulnerada sus garantías fundamentales previstas en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
Todas las Recomendaciones formuladas en el Informe, y ello lo sabe la Sra. Bachelet, solo podrían ejecutarse e implementarse por un gobierno democrático.
