El Tribunal rechazó la reclamación deducida en contra de la resolución adoptada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, que sancionó a Optus por no contar con un departamento de prevención de riesgos que funcione permanentemente dentro de la empresa.

No se habría reconocido el grado de magíster que obtuvo recientemente, por no haberse dictado aún el nuevo reglamento previsto por la Ley N° 21.080.

Se analiza la Ley N° 25.087 del año 1999, que reformó sustancialmente el Título III del Libro Segundo del Código Penal Argentino.

La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento de tutela laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras de Molina.

El máximo Tribunal Interamericano acogió parcialmente cuatro de las siete excepciones preliminares propuestas por el Estado.

Los caudales comprometidos -en pasajes y hotelería- fueron reintegrados en parte por el Harvard College y el saldo por el propio Ministro.

El recurrente consideró infringida la igualdad ante la ley, toda vez que, desconociendo la autoridad un plazo legal en toda su extensión.

El Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio.

Los razonamientos esgrimidos en lo sustantivo por la Corte de Temuco para fundamentar su decisión de rechazar la pretensión de la demandada se ha ajustado a derecho.

Andrea Ruiz comentó los esfuerzos que debe hacer el CPLT para facilitar el acceso a la información «desde la perspectiva de un lenguaje claro, pero también con un lenguaje sin estereotipos».