El Tribunal de alzada rebajó la pena de primera instancia de 20 años de presidio, dictada por el ministro Álvaro Mesa Latorre, por considerar que en la especie no concurre la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal; es decir, prevalerse el ejecutor en la comisión del delito de la calidad de agente del Estado.
La ceremonia contó con la presencia del Mandatario Sebastián Piñera, y de otras autoridades del país como el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, del Servel, Andrés Tagle y los vicepresidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
Según la denunciante en un domicilio ubicado en la ciudad de La Serena y posterior al fallecimiento de su dueño, 26 perros quedaron a la deriva, hacinados y sin alimentación. Al pasar los días ella notó que cada vez que acudía a alimentarlos quedaban menos perros.
El texto añade nuevos derechos garantizados como son, entre otros, la igualdad de oportunidades, la dignidad en el trabajo y el derecho a la vivienda.
El Tribunal de alzada consideró que la información solicitada por ley de transparencia es de carácter público, por lo que rechazó la reserva de los antecedentes.
El Tribunal acogió la demanda tras constatar que la trabajadora se ausentó solo un día de sus labores, porque en uno no contaba con un permiso correcto y el otro, corresponde al día del despido.
La información entregada por la requirente lo fue en la confianza legítima de que el órgano no la divulgará de una manera más extensa que la expresamente autorizada por el ordenamiento.
Los actores reprobaron sostenidamente el examen rendido ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM).
La sanción fue resultado de un sumario administrativo.
Sería no sólo inconveniente, sino, altamente cuestionable, que un órgano de la Administración del Estado sobre el que pesa de manera absoluta el deber constitucional de protección, preservación y conservación del derecho fundamental al medioambiente, la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se eximiera de una obligación legal que deben cumplir todos los proyectos de esa naturaleza.
