El demandante contaba con licencias médicas que recomendaban no exponerlo al contacto directo con los reclusos, pero fue mantenido en sus turnos de vigilancia, lo que provocó que sufriera lesiones durante un motín en el recinto penal.
El máximo Tribunal estableció que la información requerida es de carácter público, por lo que su divulgación no afecta el funcionamiento del ente persecutor o entorpezca alguna investigación o persecución criminal en curso.
El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, por estimar que la causa que se ventila en la Corte Suprema en la que aparecen como parte los abogados, no configura entre las cuestiones prejudiciales que harían procedente la paralización de la causa penal, en espera de la resolución del máximo tribunal.
En la sentencia se acogió la acción presentada por la persona solicitante al considerar en su testimonio, los Tratados Internacionales que regulan la materia y los principios generales de la Ley N°21.120 sobre Derecho a Identidad de Género.
El máximo tribunal determinó que todos estos contactos se encuentran enmarcados en la Ley de Transparencia y que, al tratarse del órgano persecutor de los delitos, debe contar con un alto estándar en su nivel de transparencia.
Esa pregunta se hace la Comisión de Salud, por lo que en su última sesión escuchó al director del organismo. Se hizo referencia a lo inconveniente que sería para este sector comprar muy barato porque igualmente deben vender a muy bajo costo.
Durante la audiencia, el Tribunal hizo el llamado a conciliación, a lo que ambas partes accedieron y luego de escuchar las bases propuestas, aceptaron someterse al proceso de conciliación por medio de un acuerdo que debe elaborarse dentro del plazo de 45 días.
Para el tribunal de alzada, el niño manifestó ante el tribunal a quo su voluntad de querer cambiar sus apellidos y los motivos que justifican dicha solicitud. Asimismo, se encuentra acreditado que la madre del menor desde hace más de catorce años que no mantiene ningún contacto con él, por lo que, desde el punto de vista fáctico, es efectivo que no ejerce como su representante legal.
La Comisión de Constitución escuchó las opiniones de la Fiscalía sobre el proyecto y planteó que previo a su trámite en particular, se constituya una mesa de trabajo que incluya a los familiares de las víctimas.
El Tribunal de alzada acogió el recurso de apelación tras establecer la responsabilidad de la querellada en el accidente.
