Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no acompañar la recurrente sentencias de contraste real.
El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal de la autoridad recurrida en el proceso administrativo sancionatorio ni en la determinación del monto de la multa.
Los demandantes no pudieron acreditar ilícitos a la libre competencia. Además la tolerancia del fiscalizador administrativo sectorial y la pasividad legislativa son circunstancias que no pueden ser imputadas a los demandados.
El Tribunal de Alzada de Valparaíso señala que la decisión del colegio se funda en los hechos que se consignan en la hoja de vida de la alumna, las que dan cuenta de situaciones donde se aplicaron sanciones disciplinarias que fueron puestas en conocimiento de su apoderada, de manera que se trata de una decisión fundada.
La denunciada alegó que no era aplicable el estatuto de protección del consumidor, argumento que fue desestimado por el Tribunal, que determinó que las concesionarias adquieren obligaciones que se enmarcan en la Ley N° 19.496, en virtud del contrato de peaje.
De acuerdo con los registros del sistema del Servicio Nacional de Migraciones, el amparado se encontraría a la espera de que se materialice la expulsión del país.
Los delitos sexuales son casos técnicamente difíciles, de modo que además de la declaración, se requieren pruebas de respaldo.
El actor basó su arbitrio en que el proveedor había anulado unilateralmente la compra realizada, sin embargo, el Tribunal constató que, en la instancia administrativa ante el SERNAC, expresó su conformidad con la solución ofrecida por la tienda.
La sentencia sumaria es apropiada cuando el solicitante demuestra que no existe una disputa genuina en cuanto a algún hecho material. La parte que asegure que un hecho es indiscutible o genuinamente disputado debe respaldar la afirmación citando elementos particulares de la prueba incorporada en el expediente, incluidas declaraciones, documentos, información almacenada electrónicamente, declaraciones juradas o estipulaciones.
