De otra parte, la Ley N°21.091, que entró en vigencia entró en vigencia el 29 de mayo de 2018, no puede aplicarse retroactivamente.
Pese a desestimar el arbitrio, la Corte de Santiago ordenó al motor de búsqueda desligar la publicación de cualquiera actual que haga mención a los errores en el servicio otorgado por la actora.
De esta forma, se da cumplimiento a los presupuestos de los artículos 151 y 152 de la Ley N°18.834.
Infringe el principio de competencia y afecta el derecho constitucional a un procedimiento e investigación justos y racionales.
El espíritu de las normas que regulan estos acuerdos es que los contratantes no se vean expuestos a contratos de adhesión por parte de las Isapres.
La Constitución y el marco internacional de derechos humanos al que se ha comprometido el Estado colombiano otorgan una especial protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La imagen fue publicada pese a que el demandante exigió expresamente no ser fotografiado en el lugar.
La aplicación de una sanción administrativa es la manifestación de la potestad disciplinaria que detenta la máxima autoridad de la Corporación Municipal.
El derecho a consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, por lo que no puede estimarse que es un derecho fundamental.
