Al recurrente le fue aplicada una sanción mediante resolución fundada dictada por autoridad competente en conformidad al Reglamento de la Institución.
La reclamada interpretó que no se daban los supuestos que justifican la contratación de puesta a disposición y con ello el tipo de relación laboral existente el trabajador y la empresa reclamante.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Responde consulta del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Arica Ltda.
El ente contralor adujo que corresponde a ella investigar -y eventualmente sancionar- los hechos o conductas que vulneren la mencionada garantía, sin perjuicio, por cierto, de la posibilidad de los afectados de recurrir a la vía judicial.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que es impresionante que el Estado Federal no haya logrado lo mínimo: ofrecer un plan con sus elementos esenciales, para dar solución a una situación que sigue poniendo en riesgo la vida y la salud de los pueblos indígenas.
Los recurrentes alegaron que la sentencia que reclaman es fecunda en trasgredir los artículos 160 y 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, que informan sobre los principios formativos del proceso, entre otros, el de congruencia.
Crea dos nuevos delitos, de asociación delictiva y de asociación criminal, regula también las técnicas especiales de investigación de interceptación de comunicaciones telefónicas, el uso de agentes encubiertos, agentes reveladores e informantes y las entradas vigiladas.
Sin embargo, la CIDH y el ACNUDH toman nota, con extrema preocupación, de la no aprobación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, de un escaño reservado para el pueblo tribal afrodescendiente chileno.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la excepción de prescripción opuesta y, en consecuencia, rechazó la demanda ejecutiva de cobro de cotizaciones previsionales.
