La requirente estima que el precepto cuestionado de constitucionalidad infringiría el debido proceso y, en específico, el principio de tipicidad.
La Superintendencia señala que, aunque existiera infracción en la operación de algunos de los centros de cultivos, esta habrá prescrito entres del ingreso de la denuncia, ya que en 8 de los 10 centros el ciclo productivo finalizó tres años antes del ingreso.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que desestimó que el plan de desvinculación vigente hasta el 31 de octubre de 2011 en la empresa petrolera, correspondió a una simulación de encubrimiento del despido de los demandantes.
El máximo Tribunal estableció que se ha vulnerado el derecho de la empresa a realizar una actividad que ha sido declarada esencial e inofensiva por la autoridad competente.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la entidad sancionada, tras establecer que la UAF actuó dentro de sus atribuciones legales al aplicar la amonestación y la multa.
La demandante solicitó el desarchivo de los antecedentes y se dio por notificada de la interlocutoria de prueba.
Se plantea la necesidad de entregar una retribución a quienes han estado en la primera línea en el combate contra el Covid-19.
La instancia acordó escuchar a la Ministra del Medio Ambiente, a los académicos y al Ministerio Público.
Afectaría la integridad psíquica, la vida privada y honra, el principio de igualdad y no discriminación de los recurrentes.
