El pronunciamiento responde a la consulta realizada por la Corporación Municipal de Panguipulli.
No podrán acceder a los beneficios del Sistema de Reinserción Social las personas que, en conformidad al derecho internacional, hayan sido condenadas por los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
La sentencia también enfatiza que la norma referida es acorde con la Constitución y garantiza la integridad del espacio público, por lo que las autoridades están en plena facultad de multar a los individuos que realicen sus necesidades en la calle.
La iniciativa fue objeto de cuatro indicaciones y fue despachada a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja para su discusión particular.
Se han publicado en el Diario Oficial las normas especiales dictadas por el Consejo Directivo del Servicio Electoral relativas a una elección en alerta sanitaria y a la elección en dos días según lo establece la disposición cuadragésima primera transitoria de la Constitución.
El máximo Tribunal del país arguyó que el sujeto, condenado en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Cochrane, cometió una infracción administrativa y no un delito y que, con su conducta, no puso en riesgo la salud pública.
“De los antecedentes del procedimiento administrativo no puede estimarse en modo alguno que la demolición de instalaciones periodísticas, con la posterior excavación y socalzado de muros satisfaga necesidades básicas de la comunidad, así como tampoco que exista la desigual distribución de las cargas y/o beneficios ambientales invocada por las reclamantes”, razona la sentencia.
El tribunal consideró la dificultad de cumplir las labores a raíz del estallido social y la pandemia de la COVID-19.
Según lo relatado por testigos, personal de Carabineros de la 66° Comisaría de Puente Alto se encontraba haciendo un operativo por el robo de un camión en la feria libre en Bajos de Mena
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado por la empresa, al no desarrollar la materia de derecho que pretende unificar en contraste con las sentencias de cotejo que acompañó, como obliga la norma legal (inciso segundo del artículo 483-A del Código del Trabajo).
