El derecho de los pueblos y naciones a acceder en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, en sus propias lenguas, será votado en particular junto a otras normas en una próxima sesión plenaria.
Obligar a un detenido a desnudarse puede llegar a acarrear un sufrimiento de especial intensidad o provocar una humillación que constituya un trato vejatorio y degradante.
Se buscará consagrar constitucionalmente cinco grandes temas que engloban importantes aspectos para nuestro planeta y nuestra relación en armonía con él.
El caso se originó tras la decisión de tribunales nacionales de Barbados de absolver a un hombre por el delito de violación, bajo el argumento de que un hombre no puede ser acusado por violación cuando la víctima es otro hombre, pues el cargo aplicable sería la llamada «sodomía» (buggery), la cual persiste en la legislación nacional. Siguiendo ese entendimiento, la victima también podría ser criminalizada desconociéndose la violencia sufrida.
«El género de cine, explica, que podemos calificar de “carcelario”, está compuesto por un buen número de películas que versan sobre la temática de las prisiones, porque siendo, como es, la cárcel una de las consecuencias de la actividad criminal, dada la importancia de esta temática en el argumentarlo de la ficción cinematográfica, es normal, que desde la detención del delincuente, pasando por su enjuiciamiento, hasta la ejecución de la sentencia, salga a relucir el tema de la cárcel en algún momento del guion de la película», afirma el jurista Javier Nistal Burón.
El requirente estima que dicha limitación afecta su derecho a defensa de forma arbitraria, perjudicando directamente su patrimonio.
La omisión de inscripción del Conservador ocasionó la pérdida de la fuente laboral de todos los trabajadores de la sociedad demandante.
La conducta denunciada amenaza el derecho a la vida y la salud de los vecinos, por las dificultades de acceso que enfrentan, fundamentalmente, los vehículos de emergencia para acudir a los llamados de asistencia que realizan desde la comunidad.
No existe disposición alguna que permita al tribunal, de manera previa a la aprobación y ejecución del plan, inhibirse del conocimiento de la demanda por daño ambiental.
El requirente arguye que esta prohibición no encuentra sustento en un sistema procesal penal que entrega la potestad de dirigir la investigación, de manera exclusiva y excluyente, al Ministerio Público.
