Lo que se pretende a través del presente arbitrio, es un pronunciamiento sobre el mejor derecho que cada una de las partes invoca respecto de sus intereses, cuestión que escapa de los límites de una acción constitucional meramente cautelar de derechos indubitados, siendo necesario, en consecuencia, ventilar el asunto en las instancias contenciosas que correspondan.

Tratándose de solicitudes de revocación de la medida cautelar de prisión preventiva y en tanto ellas, pueden plantearse en diversas oportunidades durante la substanciación del proceso penal, el tribunal no puede exigir antecedentes en forma previa que justifiquen la solicitud de revocación. Debe resolver de plano o en audiencia, pero no puede omitir pronunciamiento y aludir a una providencia pretérita en que se incurrió en el mismo yerro para justificar la no emisión del dictamen que se le requiere.

Los trastornos psiquiátricos graves que sufre el trabajador -trastorno de pánico con agorafobia, trastorno obsesivo severo y trastorno por estrés postraumático- cumplen ya carácter incapacitante por su cronicidad y severidad de los síntomas e incapacitan al trabajador para su trabajo de moderador de contenidos.

Al declarar abandonado el recurso de nulidad, se soslayan las actuaciones sucesivas que realizó el profesional que lo dedujo en las distintas etapas del procedimiento y que, por ende, evidencian la voluntad del acusado de ser representado en estos autos. El amparo se dedujo ante la misma Corte en contra de la resolución de otra Sala que declaró abandonado el recurso de nulidad.

El banco de pruebas de la institución castrense emitió dos oficios que sirvieron de base para dictar la resolución impugnada, que busca limitar la venta libre de accesorios de mejoramiento de puntería como miras telescópicas, de láser, y de punto fijo, imponiendo un mayor control en la adquisición de estos accesorios para armas de fuego.

La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.

Los tribunales de justicia son el único órgano que puede determinar si efectivamente las partes en un contrato de arriendo incurrieron en una causal de terminación del contrato de arrendamiento.

Es justo que se haya impuesto a los extranjeros, que no se encuentran en la misma situación que los nacionales, la suscripción de un contrato que prevea el compromiso de respetar la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre mujeres y hombres, la dignidad de la persona humana, el lema y los símbolos de la República en el sentido del artículo 2 de la Constitución, la integridad territorial, definida por las fronteras nacionales, y no confiar en las propias creencias o convicciones para liberarse de las normas comunes que rigen las relaciones entre los servicios públicos y los particulares, señala el fallo.

La magistratura estimó que la terminación anticipada del contrato se efectuó según las reglas de la propia convención, y que la actora no puede esgrimir la confianza legítima en circunstancias que no es una funcionaria pública, y que llegó a su puesto por ser una persona de confianza de una de las autoridades políticas del ministerio, por lo que su nombramiento no provino de un concurso público que la faculte a esgrimir dicho principio.

En términos prácticos, significa aplicar en forma adecuada y armoniosa el principio de estricta sujeción a las bases con el principio de no formalización de los actos administrativos, por lo que si la entidad licitante constata una contradicción entre ambos debe decidir según las circunstancias de cada caso, haciendo siempre prevalecer el interés público por sobre el interés privado, evitando un análisis meramente formalista del proceso y centrando su examen y decisión en la eficacia del mismo