El recurrente solicitó al municipio de Estación Central una prórroga para el pago de la patente comercial de un local de venta de bebidas alcohólicas, justificándose en un violento atraco sufrido en dicho establecimiento, pero no acompaño ninguna denuncia, querella, o declaración jurada de testigos que dieran cuenta que efectivamente ocurrió el hecho, por lo que la patente caducó.

Conforme al derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, a partir de las líneas de base en que se mide la anchura de su mar territorial, no puede extenderse desde las líneas de base de otro Estado.

El tribunal rechazó la objeción a la medida cautelar presentada por la compañía minera debido a las implicancias del socavón de Tierra Amarilla.

El texto de la resolución pide que las viviendas sean diseñadas y adaptadas para que las personas puedan llevar una vida con la menor cantidad posible de barreras que entorpezcan su accesibilidad.

Desde oposición plantean el derecho a la vida del que está por nacer, limitar el derecho a huelga, la libertad de elección en ciertos ámbitos y la reducción de integrantes del Congreso. Mientras tanto, el oficialismo presentó enmiendas enfocadas en paridad de género, el derecho al sufragio (voluntario) para que menores de edad y la reserva de escaños para pueblos indígenas en el Congreso.

Por Rodrigo Valdés Roa

En la resolución se resalta que la entidad fiscalizadora requiere de más personal para abordar las diversas aristas de la cual es responsable, especialmente, frente un Estado que ha crecido en su tamaño en los últimos años.

Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.

Dichas medidas, se materializaron en las enmiendas que ya fueron presentadas y ahora serán objeto de debate en la interna del Consejo Constitucional.

El Tribunal de alzada descartó actuar ilegal o arbitrario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al rechazar el beneficio de reducción de pena, debido a la naturaleza del delito por el cual fue condenado el recurrente y a la normativa internacional aplicable a delitos de lesa humanidad.

El Tribunal de alzada compartió el razonamiento del tribunal de base, que consideró que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.