El Tribunal de alzada rechazó el recurso presentado, tras establecer que el actuar de los administradores del grupo no afecta los derechos constitucionales alegados.
El Tribunal de alzada rechazó en todas sus partes el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la demandada pagar $2.000.0000 por concepto de daño moral, a la trabajadora.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes, que condenó a la entidad bancaria a pagar la multa por infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores e indemnizar a la demandante.
La iniciativa aumenta las penas para el contrabando de tabaco y modifica la Ordenanza de Aduanas.
La instancia fue planteada como una necesidad de enfrentar las futuras políticas públicas destinadas a enfrentar estas materias que afectan el vivir diario de nuestro país.
La sentencia se ha dictado a pesar de que los matrimonios o las uniones civiles entre personas del mismo sexo aún no están reconocidos en Hong Kong.
La recurrente adujo que se vulneró la igualdad ante la ley, el derecho a la honra, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho de desarrollar cualquier actividad económica, entre otros.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional a la propiedad.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, de que conoce la Corte de Coyhaique.
La demandante fundó su acción de tutela en una presunta vulneración de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, N° 12 y 24, así como en el artículo 2 del Código del Trabajo.
