«no es una vía procesal idónea para impugnar resoluciones judiciales de tribunales ordinarios o especiales con la finalidad de revocar, enmendar, revisar, casar o anular éstas»
(…)esta regulación contenida la Ley N° 18.314, contiene “penas desproporcionadamente altas” y que por medio de ella “determinadas garantías son relativizadas e incluso suprimidas”, lo que queda de manifiesto “al establecer un quórum especial para la revocación de prisiones preventivas”, como también “al consagrar los denominados testigos protegidos o sin rostro como medio de prueba legitimo que puede presentar el órgano persecutor en el juicio oral para acreditar su imputación”.
«establece que los abusadores sexuales y los violadores queden inhabilitados a perpetuidad para trabajar en actividades que tengan vínculos con menores de edad, dado que en el delito de abuso sexual, por regla general, se ha demostrado que sus autores continúan cometiendo delitos de la misma especie y naturaleza y los márgenes de rehabilitaron son muy bajos».
La Sala del Senado aprobó –por unanimidad- el proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica gratuita a las víctimas de delitos.La enmienda, iniciada por moción de los senadores Espina, García, Prokurica, y de los ex Senadores Allamand y Romero (Vea texto íntegro de la moción, informes y […]
» incluso la Contraloría General de la República se pronunció al efecto, al dictaminar que tales cierres no eran factibles por cuanto no existía norma legal expresa que autorizara las medidas de control de acceso y en qué condiciones, por tanto admitía con carácter de excepcional la posibilidad de que las municipalidades, en resguardo de la seguridad ciudadana, autorizaran el cierre de calles y pasajes de una sola entrada o salida.»
(…)la protección es “un medio expedito y eficaz para prestar inmediato amparo al afectado” y no constituye “un juicio declarativo de derechos”.
“rechazó la propuesta de adjudicación a favor de la reclamante al no reunirse el quórum requerido”, por lo que al no haberse “obtenido un acuerdo favorable del Concejo el Alcalde estaba compelido a adoptar la decisión cuestionada”.
(…)no existe “ningún control sanitario que asegure la supuesta inocuidad de los gases que se emplean” y que “al no conocerse a ciencia cierta qué compuestos químicos contienen los gases lacrimógenos, es posible que en Chile se esté vulnerando la Convención de Naciones Unidas sobre Producción, Almacenamiento y Destrucción de Armas Químicas”.
(…) la declaración de intereses debe ser presentada por las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado que el mismo cuerpo legal indica “dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de asunción del cargo”, y que su artículo 60 A establece que sin perjuicio de la declaración de intereses “las personas indicadas en el artículo 57 deberán hacer una declaración de patrimonio”.
“solamente se puede acceder parcialmente a la información relativa a estas empresas”, siendo limitado “el acceso de la ciudadanía a la información” de las mismas, por cuanto se establece “que sólo es aplicable en su modalidad activa”.
