La SMA realizó 29 fiscalizaciones a los siete grandes establecimientos que debían paralizar en preemergencia, donde se comprobó un alto nivel de cumplimiento de la medida.
Si el único motivo que origina el recurso intentado es que no se comparte la naturaleza de la decisión de los ministros, no queda más que declararlo inadmisible.
El deber de búsqueda y entrega de información pública es propia de los órganos de la Administración del Estado, en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes
En un segundo juicio, el tribunal desestimó la existencia de torturas, aunque condenó por apremios ilegítimos. El abogado defensor, indicó que “no renunciamos a ejercer ningún recurso (…) y hasta llevar el caso a la justicia internacional si fuera necesario”.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del arbitrio al no acompañar la recurrente sentencias que contrasten con la resolución impugnada.
El Tribunal de alzada rebajó a $6.000.000 la cifra que los demandados deberán pagar por concepto de daño emergente y mantuvo en $1.000.000 el monto por daño moral.
Ante la consulta, terminada la emergencia sanitaria, ¿debería volverse a los alegatos presenciales exclusivamente?, un 81,15% de los juristas colegiados señaló que “no”. En tanto, un 18,85% se inclinó por la opción de volver al sistema existente previo a la pandemia.
Un delito cometido contra un niño o niña, u otra persona en situación de indefensión, es de mayor gravedad que uno cometido contra un adulto, porque estos se encuentran en total estado de desprotección, con mayor razón si se comete con violencia y en circunstancias que impiden a los padres socorrerlos.
La moción de senadores y senadoras y que será estudiada por la Comisión de Obras Públicas establece que las concesionarias deberán contratar seguros que cubran daños sufridos por incumplimiento de las obligaciones de previsión de riesgos, vigilancia, seguridad y asistencia.
La reforma habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta de nueva Constitución.
