Referencias a la probidad, conflictos de intereses, la necesidad de pruebas, el juicio político-jurídico y la presunción de inocencia estuvieron presentes en la sesión especial previa a la votación.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.
El Tribunal de alzada estimó que la Resolución Exenta N°508/2021, de 2 de septiembre de 2021 de la Superintendencia de Casinos de Juegos se ajusta a derecho y a las facultades legales del organismo recurrido.
El Tribunal de alzada confirmó los fallos que condenaron a la aerolínea por incumplimiento de contrato respecto del pasajero transportado y su grupo familiar.
La requirente estima que el perjuicio causado sólo es reparable con la invalidación del fallo por la vía del recurso de casación en la forma y que al negarse su interposición se vulnera el derecho al recurso.
El no pago de las cotizaciones previsionales se originó en el ámbito que la mandante debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad.
La acción cautelar de urgencia no constituye una instancia de declaración de derechos.
Si bien el sistema procesal penal adoptó el criterio de la libre convicción, las conclusiones a que lleguen los jueces deben ser fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.
El requirente sostiene que la inclusión que hace el legislador de los trabajadores de FAMAE al Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas resulta arbitrario, toda vez que los mismos se rigen siempre y durante toda su relación laboral por el Código del Trabajo.
La acción de protección tiene un propósito de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.
