La accionante señala que la sentencia del Primer Tribunal Electoral Regional se refiere abiertamente a su calidad de concejal.
La gestión pendiente incide en un recurso de hecho, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.
Cabe recordar que la reclamante en su libelo adujo que existieron deficiencias e irregularidades en la instrucción del procedimiento sancionatorio.
La demandada adujo que la resolución impugnada incurrió en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.
La gestión pendiente incide en autos sobre infracción al artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario, seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.
La recurrente estimó vulnerado el derecho de propiedad, ya que el acto impugnado le perturba el ejercicio de sus actividades laborales como profesora.
LyD arguye que de las cifras se desprende que el futuro de nuestro sistema educativo, y de los cientos de miles de niños y jóvenes que de él dependen, es tremendamente incierto.
La sentencia del máximo Tribunal español explica que para tipificar esta conducta, a la exigencia sobre la intención del sujeto activo, se une la de constatarse objetivamente una situación de riesgo.
El Tribunal acogió la demanda presentada por el funcionario que cayó desde una altura superior a los 3 metros, mientras realizaba labores de limpieza por orden del empleador.
Un acto de autoridad, aún con sustento legal y dictado en el marco de sus facultades, aparece ser arbitrario si exhibe una motivación puramente formal sin sustento real y concreto.
