El asunto se encuentra entregado al conocimiento de los tribunales de justicia.
El informe sostiene que las modificaciones legales indispensables para velar por el satisfactorio cumplimiento de la prevención especial, como fin de la pena, debieron haberse adoptado hace mucho tiempo.
El Tribunal ordenó al Servicio indemnizar por el daño moral provocado por lo irregular del procedimiento sancionatorio.
La decisión adoptada por la superioridad de la PDI, no reviste el carácter de sanción disciplinaria, sino que constituye una facultad que el ordenamiento jurídico otorga al Director General.
El fallo fue adoptado con la prevención del Ministro Muñoz.
El máximo Tribunal revocó así la sentencia de la Corte de Temuco.
En principio, el cambio de sostenedor, ninguna injerencia ha debido tener en la relación laboral del personal docente del Colegio por lo que mal podía servir dicha circunstancia para justificar la desvinculación de todo el personal del establecimiento.
La gestión pendiente invocada incide en recurso de reclamación, seguido ante la Corte de Santiago.
El sumario tuvo por objeto indagar los hechos informados por la Auditoria Interna de la Secretaria Regional Ministerial de Los Ríos y establecer eventuales responsabilidades por vulneración al principio de probidad administrativa y a la ley N° 19.886.
La requirente estimó infringidos el debido proceso y el derecho de propiedad.
