Para asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, de ser necesario, el Estado creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objetivo.

La omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido deviene en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental chileno.

Las deficiencias evidenciadas en el actual proceso de validación constituyen una vulneración al derecho a la educación y una discriminación arbitraria entre los estudiantes del sistema formal y aquellos que no lo son.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°4.558 de 2019.

El máximo Tribunal estableció yerro en la resolución apelada, en la parte que ordenó la toma de muestras biológicas y registro de la huella genética del adolescente, al entrar en contradicción con la reinserción social de los menores de edad infractores.

El Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.

La negativa del empleador constituye una infracción al deber de seguridad previsto en el artículo 184 del Código del Trabajo.

Las empresas son responsables por la falta de medidas de seguridad en la obra, por lo que condenó en costas a VCGP Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada y a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel a pagar solidariamente la suma de $2.796.306 por concepto de indemnización por daño moral, al trabajador.

La Subsecretaría de Salud tiene 5 días hábiles para cumplir con la decisión de la novena sala fechada este lunes 31, y permitir el acceso a mails enviados y recibidos de cuentas institucionales del ministro Paris, el ex ministro Mañalich, la ex subsecretaria Daza y otras autoridades del MINSAL durante la emergencia sanitaria.

El Tribunal de alzada desestimó el arbitrio enderezado en contra del CPLT, organismo que actuó dentro de sus facultades legales y que carece de atribuciones coactivas o de investigación sobre reparticiones públicas.