La sentencia estableció error de derecho al establecer la responsabilidad de Jarpa Forester. El fallo plantea que, conforme se detalla en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, dicha causal de nulidad formal corresponde cuando el fallo no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley, en cuyo caso, el recurrente lo hace consistir con dos numerales (5° y 6°) del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal.

La moción persigue mejorar el sistema de adopción en Chile, enfocándose en reducir los plazos del proceso, especialmente en la declaración de susceptibilidad.

En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.

En la determinación de la pena a imponer a López Campos: “A juicio de la mayoría de la sala en el presente caso concurre la atenuante de responsabilidad de penal que beneficia a quien ‘ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos’.

La moción busca obligar a las empresas contratistas o subcontratistas a informar a la empresa principal sobre el monto y estado de cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, se establece la facultad de la empresa principal de retener sus obligaciones con la empresa contratista o subcontratista por el monto que fuere responsable para el pago de la empresa proveedora, en el caso que el contratista o subcontratista no lo haya realizado.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, la libertad de contratación y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, desde que, a pesar de ser un tercero ajeno a la relación laboral, deberá pagar $22.128.848.- por concepto de obligaciones laborales y provisionales de trabajadores que nunca prestaron servicio para su empresa.

Aún en el evento que tal alteración se haya verificado en el año 2020, sus consecuencias lesivas para las garantías constitucionales de la recurrente se han verificado de forma permanente, razón la que no es posible excusar de restablecer el imperio del derecho, que constituye un imperativo constitucional y la finalidad de la administración de justicia.

La acción constitucional de amparo no aparece como la vía procesalmente idónea para plantear una solicitud como la que se pretende, si precisamente el procedimiento fijado por la ley procesal penal contempla mecanismos de impugnación de lo resuelto por el tribunal de primer grado.

El TEDH ha adoptado esta postura favorable a la legislación sobre bienestar animal de estos territorios (religiones musulmana y judía, en las regiones de Flandes y Valonia, Bélgica, a pesar de que las normas europeas, que obligan a aturdir a los animales para evitar su sufrimiento, consideran los motivos religiosos una excepción.

El Mensaje, que se enmarca en el “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, busca perfeccionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.