El máximo Tribunal dio lugar a los argumentos de la comunidad, estimando que, para efectos de administración, basta sólo con acreditar la posesión legal de la herencia y no la posesión efectiva.
El Tribunal de alzada desestimó los argumentos de la recurrente por considerar que incurrió en trasgresiones a la normativa que le impone el ser la sostenedora del establecimiento educacional.
Los repartidores no disponen de organización empresarial autónoma, sino que están sujetos a directrices organizativas fijadas por la empresa.
El Tribunal de alzada acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama y de comunidades indígenas, respectivamente, y dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida evacue un informe sobre la materia.
Concentrar todas las funciones del gobierno judicial en una sola institución, incentiva y facilita su captura por partidos y movimientos políticos, facciones ideológicas y grupos de interés.
La diligencia se realizó en el marco del análisis de la reclamación interpuesta por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñán en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la aprobación del programa de cumplimiento presentado por la empresa.
La comisión que investiga las finanzas de Enami recibió antecedentes de trabajadores y exfuncionarios de la estatal, quienes expusieron sobre eventuales falencias en las operaciones de los contratos.
El requirente sostiene que la limitación recursiva es arbitraria y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
La Corte determinó que existió falta de servicio de parte del municipio.
El actor alegó que la sanción se fundó en lo dispuesto en el contrato colectivo aprobado con posterioridad a la fecha del hecho que dio origen a la denuncia.
