La norma, originada en una moción y en un texto del Gobierno, busca entregar mayor eficiencia a los procesos por la sobrecarga de trabajo y limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.
Senadores y diputados se dieron cita para abordar el proyecto que implementa adecuadamente el proceso de descentralización del país, texto que fue íntegramente rechazado por la Cámara Baja, en su segundo trámite constitucional.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y ordenó a la empresa pagar a la demandante $6.000.000 por concepto de daño moral, más prestaciones adeudadas, tras dar por acreditado el acoso sexual denunciado y el menoscabo a la integridad física y psíquica y el derecho a la honra de la denunciante.
Revelar sin más el contenido de las cámaras corporales al amparo de la norma cuestionada, implicaría preferir, a todo evento, la entrega de información no amparada por el artículo 8° de la Constitución con total olvido de las causales reconocidas en esa disposición.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al sancionar a los estudiantes por una conducta que no se encuadra en aquellas descritas en el reglamento de convivencia interna y en la que participaron, además, otros 600 integrantes del plantel que no fueron amonestados.
La autora coordinadora del grupo de trabajo del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático señaló que es indiscutible que las actividades humanas están causando este fenómeno, haciendo que los eventos extremos, como olas de calor, lluvias torrenciales y sequías, sean más frecuentes y severas en estos tiempos.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio, tras constatar que la recurrente no acompañó sentencias de cotejo equiparables a la que impugna, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda de trabajador afectado por cuadro de hipoacusia (pérdida de audición).
“La actual línea de actuación de la Casa Blanca no ha hecho sino avivar las llamas de esta catástrofe humanitaria. Si el gobierno de Biden continúa sin rectificar el rumbo, las consecuencias pueden ser terribles, dado que se agravarían los ya atroces fallos para apoyar a la población afgana, incluidas personas que han arriesgado su vida y la de sus familias para prestar ayuda a Estados Unidos», afirma Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.
La Ley 19.628 establece un derecho personalísimo al titular de los datos almacenados para solicitar un registro actualizado de éstos, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la anterior solicitud.
La recurrida no se pronunció sobre dichas solicitudes, limitándose a poner término al procedimiento mediante un correo genérico que nada dice sobre la situación concreta que afecta a cada uno de los actores.
