El MP planteó que no concurría el requisito de la existencia de una gestión pendiente pues la norma cuestionada fue aplicada y surtió todos sus efectos.
No obstante ello, el Tribunal Pleno rechazó el requerimiento, luego de que el Secretario certificó, el día 11 del mismo mes y año, que ante la Corte Suprema solo se encontraba pendiente un recurso de reposición de la sentencia que confirmó el fallo apelado que había sido dictado el 1 de diciembre 2008, por lo que la fecha de resolución del requerimiento no existía ya una gestión pendiente en la que pueda hacerse efectiva la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se solicita.
En cumplimiento del mandato constitucional se dictó la Ley Nº19.067 que estableció las normas permanentes para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y reguló la salida de tropas nacionales del mismo.
Moción patrocinada por los diputados Bertolino, Delamastro, Galilea, García, Isasi, Venegas y Verdugo.
El actual senador señaló que sus propuestas de reforma constitucional son sustanciales y se orientan en el propósito de “cerrar la transición a la democracia”.
Lo que había sido aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Sin embargo, cuando correspondió el turno del Senado éste lo rechazó como una forma de criticar el sistema binominal, lo que obligó a constituir una Comisión Mixta.
El TC reiteró que la acción de inaplicabilidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución, lo que exige que se dirija en contra de normas precisas de jerarquía legal, concernidas en una gestión jurisdiccional y que eventualmente puedan violentar alguna norma constitucional,
Se solicitó la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 133 del Código Tributario en relación a una gestión pendiente constituida por sendos recursos de casación en la forma y en el fondo que se interpusieron ante la Corte Suprema.
Entre los fundamentos de la misma se señala que, tal como se ha facultado al TC para resolver sobre la constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta necesario también que pueda ejercer análoga atribución en relación a los reglamentos que dictan ambas ramas del Congreso.
La iniciativa, patrocinada por los diputados Jiménez, Latorre, Monckeberg, Ojeda, Palma, Rossi, Sabag, Schilling, Vidal y Ward, propone modificar la Ley Nº18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
