El requirente se alzó, al amparo de la normal legal impugnada, en contra de una resolución de la Dirección del Trabajo que le ordenó reincorporar a una dirigente sindical a sus funciones habituales.
Luego de transcribir el artículo 108 de la Constitución y las normas objeto de control, el TC concluyó que el artículo 3º, inciso tercero, y en el artículo 10º, incisos primero y tercero, del referido proyecto de ley, tienen naturaleza orgánica constitucional, al modificar la LOC del Banco Central, puesto que le otorgan nuevas atribuciones a dicha entidad.
La gestión en la que incide el requerimiento es una acción de protección rechazada por la Corte de Iquique y apelada para ante la Corte Suprema.
La inadmisibilidad del requerimiento fue acordada con el voto en contra del Ministro Fernández Baeza quien estuvo por acogerlo a tramitación.
El Mensaje señala que es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país, por lo que un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional generando pérdidas por millones de dólares.
El establecimiento de un gobierno menos presidencialista, la modificación del sistema binominal, la compatibilidad entre el cargo de ministro y parlamentario, son algunos de los temas discutidos en el seno de esa Comisión.
En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.
La sentencia se acordó con el voto en contra del ministro Fernández Fredes, quien consideró que la Constitución ha confiado al legislador determinar las formas concretas en que se regulará la protección de la vida privada y de la honra de la persona y de su familia…
El TC no hizo lugar a la acción deducida por no reunirse el quórum de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio que exige la Carta Fundamental para declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal.
Es atribución del TC, “Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley”, lo que podrá ser planteado por el Presidente de la República, por cualquiera de las Cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en los plazos y en las hipótesis que en esa disposición se regulan.
