Los Ministros Bertelsen y Correa concurrieron a lo resuelto en base a otros fundamentos, pero observan que la acción de inaplicabilidad no es un modo de corregir actos jurisdiccionales en que se haga una aplicación incorrecta o indebida de un precepto legal, aunque de ello resulte una infracción a una garantía constitucional.

El Tribunal insiste que el control de cada una de estas condiciones y limitaciones no queda entregado a la sola determinación de la autoridad regional, desde que se puede reclamar ante los Tribunales Ordinarios, que es precisamente lo sometido al control y revisión ante el juez de la gestión pendiente.

Admite que en este caso existe una contienda de competencia de aquellas que le corresponde dirimir, desde el momento que un tribunal inferior de justicia (TF) y una autoridad administrativa (MP) mantienen discrepancia acerca de cuál de ellos debe ejercer sus funciones frente a la existencia de hechos que pueden importar la comisión de delitos.

Reconociendo que los bomberos son fundamentales para el país, la Asociación de Aseguradoras reclama que debe haber una solución de parte del Gobierno para que bomberos tengan una sistema previsional moderno y de acuerdo a sus necesidades que cubra las contingencias que enfrenten.

La moción señala que la legislación procesal penal contiene un vacío en esta materia, pues si bien el artículo 347 del CPP establece que todas las medidas cautelares deben ser levantadas al momento de dictarse una sentencia absolutoria, la condición de desaforado se mantiene hasta que la sentencia este firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que se presenten por todos los acusados.

Se han generado algunas dudas de constitucionalidad sobre el nombramiento como Ministra de Estado de la ex diputada Carolina Tohá, que al momento de asumir como Secretaria General de Gobierno cesó automáticamente en su función parlamentaria por efecto de la incompatibilidad referida.

El TC verificó que la gestión invocada en el requerimiento se encuentra fallada por sentencia ejecutoriada y que el cumplimiento de lo resuelto está aun pendiente ante el juez del fondo que decretó un embargo.

El TC ya había tenido oportunidad de pronunciarse sobre una impugnación análoga al rechazar una acción de inaplicabilidad descartando que la norma de la Ley de Quiebras cuestionada fuera contraria a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y a la garantía general de que los preceptos legales que regulen derechos constitucionales no podrán afectarlos en su esencia.

En mérito de las respuestas ofició al JG a fin de que informara acerca de la existencia y naturaleza de las gestiones pendientes en dicha causa.

El requirente afirma que las disposiciones que impugna son contrarias al DL Nº 993, el cuál “tiene la misma fuerza obligatoria de las Leyes”; y refiriéndose a ese cuerpo normativo expresa que “desde 1973 hasta la vigencia de la Constitución de 1980, y sus modificaciones, se estableció un ordenamiento jurídico provisorio, en que la regulación legal se efectúa por medio de Decretos Ley(es)…”.