La iniciativa, patrocinada por los diputados Jiménez, Latorre, Monckeberg, Ojeda, Palma, Rossi, Sabag, Schilling, Vidal y Ward, propone modificar la Ley Nº18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Están integrados por seis miembros titulares, seis suplentes y un secretario, quienes deben haberse desempeñado como presidente de alguna de las mesas receptoras de sufragios que corresponda escrutar al respectivo Colegio.
La moción es patrocinada por los diputados Araya, Chahúan, Enríquez-Ominami, Escobar, Montes, Sepúlveda y Valenzuela.
Lo anterior se condice con el artículo 16 de la Constitución Política de la República, que establece las causales por las cuales se suspende el derecho a sufragio, y entre las cuales se encuentra la de interdicción por caso de demencia y la de haber sido acusada la persona por delito que merezca pena aflictiva o condenada por delitos que atenten en contra del orden institucional de acuerdo al artículo 19 N° 15 de la Constitución.
El requerimiento se funda en que la aplicación de los artículos 5 Nº3, 10, 11, 70–A, 405, 421 y 426 del CJM vulnera, a lo menos, los artículos 5º, inciso segundo, 19 Nºs 2 y 3, y 76 de la Constitución y diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Se solicitó declarar inaplicable la letra m) del artículo 6º del Capítulo II de la Ordenanza Local de Publicidad y Propaganda de la Comuna de Las Condes, contenida en un Decreto Alcaldicio, en relación a una causa que se sigue ante un Juzgado de Policía Local y que se encuentra sometida al conocimiento de la Corte Suprema por la vía de un recurso de queja.
La norma objetada impone una prohibición relativa al patrocinio o a la actuación como apoderado o mandatario de imputados por delitos de esa especie, pero solo respecto de algunos abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados, a cualquier título, en la Administración del Estado.
La Corte de Apelaciones dejó sin efecto, además, la orden de no innovar que prohibía el ingreso a la zona de las personas en cuyo favor se recurrió.
El Tribunal no acogió a tramitación el requerimiento, sin embargo le otorgó plazo al actor para subsanar los defectos de que estimó adolecía.
Se aduce, asimismo, que las actuaciones impugnadas, desarrolladas por los aludidos órganos del Estado, se derivarían de una interpretación “abusiva” que éstos realizan respecto de sus atribuciones legales y afectarían a diversos procesos de cobro de impuestos, tanto administrativos como judiciales, que siguen en contra de su representada, por sí y como representante legal de sus empresas.
