En mérito de las respuestas ofició al JG a fin de que informara acerca de la existencia y naturaleza de las gestiones pendientes en dicha causa.
El requirente afirma que las disposiciones que impugna son contrarias al DL Nº 993, el cuál “tiene la misma fuerza obligatoria de las Leyes”; y refiriéndose a ese cuerpo normativo expresa que “desde 1973 hasta la vigencia de la Constitución de 1980, y sus modificaciones, se estableció un ordenamiento jurídico provisorio, en que la regulación legal se efectúa por medio de Decretos Ley(es)…”.
La Corte de Apelaciones de Iquique remitió al TC copia de un escrito que contiene una solicitud que forma parte de un recurso de protección interpuesto en contra de la Universidad Arturo Prat, en el que se solicita que en base a los fundamentos que en el se exponen la Magistratura Constitucional declare inaplicable diversos […]
Luego de verificar que fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por la Constitución, no se suscitó a su respecto cuestión de constitucionalidad y no se opone a la Carta Fundamental, la declaró conforme a la Constitución.
La formalización, señala la Segunda Sala de la CS, es una actuación efectuada por el Ministerio Público, indispensable para solicitar y obtener la medida cautelar antes señalada, pero no equivale al antiguo auto de procedimiento, pues emana de un ente administrativo y tiene una finalidad esencialmente garantista.
El artículo 84 bis que se incorpora a la Ley Nº 19.175 establece cómo se han de configurar los consejos regionales en el evento de que por sentencia firme o ejecutoriada el tribunal electoral competente declare la nulidad de una elección municipal de concejales y, en consecuencia, no sea posible la elección del consejo regional correspondiente.
Luego puntualiza que solo puede conocer de la cuestión de constitucionalidad alegada si ésta afecta a las disposiciones incluídas en el proyecto de ley respectivo, pues ejerciendo control preventivo de constitucionalidad no puede extender su examen a preceptos legales vigentes.
El TC observa luego que el requirente compareció formulando una sola alegación o defensa -vinculada al incumplimiento tributario en la emisión del título-, sin controvertir la existencia de la obligación, su naturaleza ni el estado de insolvencia.
La Tesorería planteó que el requerimiento debe ser rechazado por haberse formulado con carácter preventivo, pues no ha sido decretado aún el arresto ni resuelta por el tribunal la petición formulada por el deudor en orden a que se aplique el Pacto de San José de Costa Rica.
La impugnación fue desestimada luego de reiterar el TC que la facultad de los Directores Regionales del SII de aplicar sanciones administrativas, se enmarca dentro de su potestad sancionadora, la que no supone el ejercicio de la jurisdicción.
