No es inconstitucional la ley que asigna un valor probatorio a determinados instrumentos. El legislador puede, libremente, establecer un valor probatorio determinado o dejar entregado al juez la ponderación de los medios probatorios y puede dar un valor superior a una prueba cuando quiere despejar futuras controversias, cuando quiere alterar una carga de la prueba. En materia administrativa el estándar lo fija el artículo 35 de la Ley N° 19.880, ante el silencio del Código Sanitario.

Las recurridas sólo han dado cabal cumplimiento a la normativa que rige la exhumación y traslado de cadáveres de acuerdo a la reglamentación que regula la materia.

Conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, para que los afiliados tengan derecho a una prestación por cesantía, deben reunir, entre otros requisitos, el señalado en su letra d), esto es, encontrarse cesante al momento de solicitar la prestación.

El delito se configura en aquellos casos en que un funcionario público a sabiendas sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.

Además, no se divisa la ocurrencia de algún hecho contrario a la ley que importe una privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual de la persona que recurre.

Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.

El consentimiento prestado por el fallecido fue exteriorizado cuatro años antes de su deceso, lo que permite concluir que aquel acto no resulta contemporáneo a su muerte, mucho menos, a la iniciación de este proceso judicial. Entonces, no hay constancias que den cuenta de un consentimiento informado expreso, a través del cual el fallecido haya prestado autorización para que la actora lleve adelante una fertilización asistida post mortem.

El plazo se amplía de un mes a sesenta días contados desde la fecha del acto de constitución social para dichos efectos.

El funcionario que ingrese a la Administración del Estado tiene derecho a hacer uso de feriado una vez que haya cumplido efectivamente un año de servicio, por lo que la funcionaria no puede invocar el tiempo que se desempeñó en una persona jurídica de derecho privado.

Los magistrados invocan el artículo 231 de la Carta Fundamental, que define las tierras indígenas como aquellas “habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales, así como de sus costumbres y tradiciones”.